Un certificado energético, precios muy distintos según la comunidad

• En junio se cumplirá un año de su obligatoriedad para vender o alquilar inmuebles

• Según los expertos, la disparidad de costes «no tiene sentido» y se evitaría con la creación de un registro estatal único, respetando las competencias de cada comunidad autónoma

A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor, en junio de 2013, del Real Decreto 235/2013, que obliga a que los inmuebles que se pongan en venta o alquiler muestren su certificación energética, la disparidad en el precio por encargar este trámite sigue siendo la tónica dominante. Y es que, en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre la vivienda, los ciudadanos deben asumir unos costes diferentes para cumplir con una obligación que tiene su origen en una Directiva Europea.

Una situación que, para José Luis López, de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), «no tiene mucho sentido». «Si se hubiese habilitado y acordado un registro único estatal, respetando, lógicamente, las competencias de cada comunidad autónoma, los costes de implantación de la normativa se hubiesen minimizado», asegura.

Existen notables diferencias en la cuantía de las tasas entre las diferentes comunidades autónomas, que se acentúan aún más si tenemos en cuenta el precio fijado por los técnicos. Según datos de Certicalia, plataforma certificadora a nivel nacional, los precios por certificar energéticamente una vivienda de entre 50 y 80 metros cuadrados, varían desde los 50 euros en Madrid hasta los casi128 euros de La Rioja. Inés García, portavoz de esta empresa con más de 5.000 profesionales adheridos, encuentra como explicación a esta gran diferencia de precio la menor demanda de certificados en la comunidad riojana y el tener el coste por registro más alto de España (37,95 euros).

No todas las comunidades autónomas cobran por registrar el certificado. El ciudadano puede encontrarse desde registros gratuitos como en Madrid, Asturias o Cantabria hasta el cobro de una tasa de casi 38 euros en el caso de La Rioja, pasando por 11 en Cataluña y 23 en la región murciana. «Una cuantía económica que debería estar justificada por el tipo de gestión administrativa implantada (registro presencial o vía web) y el alcance del control e inspección de los certificados que vaya a realizar cada Comunidad», explican en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Pero no siempre es así. En Madrid, por ejemplo, el registro del certificado es telemático; no así en Cantabria o Asturias, donde el registro es exclusivamente presencial y supone un sobrecoste por el desplazamiento y la presentación de la documentación en papel y en soporte digital, aclaran en Certicalia.

Nueva tasa

A partir del 1 de junio, Navarra y País Vasco obligarán al propietario de una vivienda o edificio con calificación energética A o B ( las más eficientes) en la primera de ellas, y A, B y C, si el inmueble se encuentra en la segunda, a encargar a un agente acreditado un informe favorable del primer certificado. Un coste que no fijan estas comunidades, pero que será un «poco inferior al de la propia certificación», asegura Manuel Sayagués, director técnico de Energía de ATISAE, uno de los Organismos de Control Autorizado recomendados por el Gobierno Vasco. «Hay que entender que el trabajo del control externo consiste en revisar que los datos de entrada al programa de calificación son correctos, lo que implica visitar el edificio, y recalcular la calificación con el mismo programa que se usó en la certificación», justifica.

Desde la ACA consideran que estas dos comunidades pretenden, con esta medida, realizar un control más exhaustivo para comprobar la veracidad de los inmuebles que han obtenido mejor calificación. No en vano, el capítulo del Real Decreto 235/2013 dedicado al control de los certificados dice que las comunidades autónomas podrán delegar esta responsabilidad en agentes independientes.

Sin embargo, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), José Antonio Galdón, no entiende por qué otro agente tiene que certificar el trabajo que ya ha calificado un primer técnico. «¿Acaso se está tirando por tierra la profesionalidad y responsabilidad del primer certificador?», se pregunta. Y sentencia: «Lejos de favorecer a los propietarios de viviendas y edificios eficientes, se les penaliza con tener que pagar un nuevo certificado».

Fuente: http://www.elmundo.es/