Toda vivienda usada que se venda o alquile desde junio debe tener certificado energético

Pamplona. A partir del próximo 1 de junio los propietarios que vendan o pongan en alquiler un inmueble deberán desembolsar unos 250 euros por un piso medio para obtener el nuevo certificado energético, información obligatoria para entregar al que compra o alquila. Es decir, los propietarios deberán poner nota a su vivienda como ahora ocurre con los electrodomésticos, de lo contrario serán sancionados. La ventaja para el consumidor es que estará mejor informado de lo que costará su factura eléctrica.

El Gobierno estatal exigirá así que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un «certificado energético», que deberá incluir un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética. Este requisito ya era obligatorio desde 2007 para los promotores y ahora se extiende a particulares. El certificado podrá ser individual (para una sola vivienda) o comunitario -más barato- (para el edificio que marca la calificación de todas sus viviendas, aunque un propietario puede modificar la de su piso si ha hecho mejoras). Solo quedan excluidos los edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugares de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento por tiempo inferior a cuatro meses al año, entre otros.

Las viviendas consumen el 17% de toda la energía del país por falta de eficiencia, según el Ministerio de Fomento. El certificado (Real Decreto 235/ 2013 de 5 de abril) será exigible para todos los contratos de compraventa o arrendamiento (alquileres con una duración superior a cuatro meses) referidos a edificios, pisos, locales u oficinas que se firmen a partir del próximo 1 de junio, y será obligatorio publicitarlo por parte de particulares, inmobiliarias, promotores y bancos, que también tienen mucha vivienda vacía a la venta. La mayoría de Colegios de Administradores de Fincas recomiendan que las comunidades de propietarios encarguen un certificado único del edificio.

El propietario del inmueble se deberá encargar de contratar a un profesional que realice la calificación y, posteriormente, de registrar dicho documento en un registro de comunidad, adquiriendo así el carácter de certificado. Asimismo, 23 arquitectos e ingenieros de Navarra especializados en certificación energética han creado la empresa Estener (Estudios de la Energía) con una web informativa (certificacionenergetica.com). Según expone Pepe Monente, el certificado aportará a las comunidades de vecinos las pautas con las que «ahorrar y, por fin, poner fin a las cuotas de comunidad». «Los propietarios ahorrarían muchísimo dinero si invirtieran en mejorar el aislamiento de sus edificios y adaptaran las instalaciones de calefacción. Y no hablamos solo de viviendas del Casco Viejo sino de muchas viviendas construidas en los años setenta, por ejemplo, que no han sido rehabilitadas.», remarca. Puede ser muy «tentador» hacer un certificado sin ninguna utilidad, cumpliendo el programa informático del Ministerio, pero es una oportunidad para «introducir propuestas de mejora reales», reitera.

Navarra (departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno foral) ya ha aprobado un borrador de decreto foral para la creación de un registro administrativo de certificados, trámite que podrá hacerse telemáticamente. En principio, el registro tendrá una validez máxima de diez años. La eficiencia energética de un edificio barema el consumo de energía en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, e incluye, entre otros parámetros la energía consumida en calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación. Se representa mediante una escala de siete letras, en la que la A constituye la eficiencia máxima y la G, la menor.

Este coste se viene a añadir al de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de reciente creación, solo aplicable a viviendas de más de 50 años independientemente de que se oferte a la venta o al alquiler

La nueva tasación favorecerá la promoción de inmuebles con un menor consumo energético, lo que penalizará según expertos consultados aquellas viviendas con una calificación deficiente. Así, no podrá alquilarlo al mismo precio el propietario de una vivienda que permite un gasto de 200 euros en calefacción, que el que la ahorra en mayor modo. Se estima que el 85% de las viviendas del Estado español son poco o nada eficientes y tendrían una calificación energética de entre E y G. El instituto para la diversificación y ahorro de energía (IDAE) ha elaborado los programas informáticos. El Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente, que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado y exhiban su etiqueta.

infracciones Por otro lado, el PP ha enumerado el tipo de infracciones desde leves o muy graves, desde 300 a 6.000 euros. Una falta leve, por ejemplo, será intentar vender o alquilar un piso sin hacer mención a su calificación. Se consideran infracciones muy graves falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador o agente independiente autorizado sin contar con la habilitación pertinente, y publicitar en venta o alquiler de edificios o parte de edificios una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado. Serían graves, por otra parte, incumplir la metodología de cálculo, no presentar el certificado ante la comunidad autónoma para su registro, no incorporarlo al proyecto de ejecución del inmueble, exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado real, y vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado las «nuevas cargas» para los particulares, de «excusa para sacar dinero» y de «férreo control» a los arrendamientos de verano las nuevas normas dictadas bajo la etiqueta de «protección al consumidor». Luis Martí, arquitecto y especialista en eficiencia energética, explicaba en el portal inmobiliario idealista.com que la gran mayoría de las viviendas construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación de 2007 obtendrán una «mala puntuación en el estudio, por lo que a los propietarios no les quedará más remedio que acometer una serie de obras de mejora si quiere aumentar el atractivo de su vivienda». Así, una vivienda con una calificación A puede reducir su factura un 30% respecto a otra tipo C o D, por lo que inversión que supone hacer más eficiente a la vivienda se amortiza en unos cinco años».

el informe de los 50 años Mientras el certificado energético tiene un valor «informativo» para el que compra o alquila, las viviendas de más de 50 años se verán a su vez obligadas a obtener un Informe de Evaluación de Edificios, que está pendiente de regulación estatal pero que solo afectará a viviendas colectivas. Los ayuntamientos, en el plazo máximo de dos años, desde la entrada en vigor del decreto foral, deberán elaborar un listado de los edificios de viviendas incluidos.

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